Exposición
A lo largo de su historia, el Parlamento Europeo se ha esforzado por defender y promover los derechos humanos. Ha puesto en marcha numerosas iniciativas políticas en este ámbito y, en particular, abogó por que la Comunidad Europea adoptara el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para la Asamblea, habían de tenerse en cuenta todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos de los Estados miembros de la Comunidad.
Ya en 1975, el Parlamento lamentaba que los derechos humanos no se mencionaran en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, cuyo objetivo era principalmente económico. Por ello, aprobó una resolución en la que insistía en la necesidad de dotar a la futura Unión Europea de su propia Carta de los Derechos Fundamentales. Para los diputados al Parlamento Europeo, esto confirmaba la finalidad política de la construcción de una Europa unida. Dos años más tarde, los eurodiputados consiguieron que los presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea firmasen en Luxemburgo una declaración comprometiéndose conjuntamente y en nombre de sus instituciones a respetar los derechos fundamentales.
Posteriormente, en 1984, la Asamblea aprobó por amplia mayoría el proyecto de Tratado de la Unión Europea (el «proyecto Spinelli»), que preveía la adopción por parte de la Unión de una declaración de los derechos fundamentales en un plazo de cinco años. En varias ocasiones, el Parlamento Europeo encontró un aliado en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuya jurisprudencia establecía que la protección de los derechos humanos debe estar garantizada por el Derecho comunitario.
El Acta Única Europea, que entró en vigor el 1 de julio de 1987, recordaba el compromiso de los Estados miembros de promover conjuntamente la democracia sobre la base de derechos fundamentales como la libertad, la igualdad y la justicia social. Pero el Parlamento Europeo quería ir más lejos, convencido de que el respeto de los derechos humanos es una condición inexcusable de la legitimidad comunitaria. Así, el 12 de abril de 1989, proclamó y aprobó una declaración de derechos y libertades fundamentales e instó a los ciudadanos a apoyarla activamente. La preservación del medio ambiente y algunos nuevos derechos sociales (el derecho a la protección social, el derecho a la educación, la protección de los consumidores, etc.) se introdujeron por primera vez entre los derechos fundamentales que el Parlamento Europeo quería defender. Si bien este texto supuso un avance significativo, y a pesar de las precisiones que aportaron entretanto los Tratados de Maastricht y Ámsterdam, fue necesario esperar hasta finales de la década de 1990 para que por fin se tuviesen en cuenta las expectativas de los diputados europeos.